Message to the U.N. Human Rights Council
MENSAJE AL CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
En marzo de2002 fueron detenidos varias decenas de cubanos, juzgados sumariamente, sin las debidas garantías y condenados a altas penas de prisión. El Consejo de Derechos Humanos y las la Organización de las Naciones Unidas disponen de mucha información sobre esos procesos arbitrarios. Mas de cincuenta de los detenidos en Marzo de 2002 permanecen confinados en hacinamiento junto a prisioneros comunes en condiciones inhumanas que han dañado seriamente su salud. Ellos y otros cubanos han sido encarcelados sólo por defender, promover o ejercer pacíficamente los Derechos Humanos universalmente reconocidos.
Ninguno de los condenados en abril de 2003 fue culpable de usar o tener armas, ni de incitar a la violencia o al desorden, ni de espionaje, ni de ningún delito. Fueron condenados por expresar su opinión, por el ejercicio del periodismo libre o por promover iniciativas cívicas. Entre estás iniciativas está el Proyecto Varela que apoyándose en la Constitución vigente en Cuba, pide un Referendo para que el pueblo pueda expresarse sobre los cambios necesarios.
Pero como no se debe confundir la simple afirmación con la demostración, les exhorto a leer las propias actas oficiales de los juicios sumarios. Podrán encontrar muchas afirmaciones sin fundamento de los acusadores y sus insultos e interpretaciones forzadas, pero no encontrarán un solo hecho que vincule a los acusados con los delitos descritos en las leyes por las que fueron condenados a altísimas penas de prisión. Los tribunales que los condenaron cumplieron órdenes del gobierno y fueron aleccionados por la propia Seguridad del Estado..
El Consejo de Derechos Humanos tiene la obligación de exigir al Gobierno de Cuba la liberación de los que están encarcelados por cumplir la misma misión que tiene ese Consejo: la misión de defender y promover los Derechos Humanos.
Aunque debió ser su primera demanda al constituirse, el Consejo de Derechos Humanos está a tiempo de ser coherente, aprobando la propuesta de resolución que pide la liberación de esos prisioneros políticos pacíficos y que adjuntamos ahora aunque que ya la presentamos a cada gobierno miembro del Consejo de Los Derechos Humanos.
Una modalidad de desigualdad ha marcado la sociedad cubana y es la de la exclusión de las personas de oportunidades y de participación en la vida política y cultural debido a sus ideas políticas o creencias religiosas. Está práctica oficial es realimentada por una doctrina sistemáticamente afirmada en la educación pública, en los medios de comunicación masivos, en los centros de trabajo, escuelas y en todas las instituciones. Esta realidad, se ilustra muy bien en la calificación y clasificación de las personas en “revolucionarias” (quiere decir incondicionales al régimen ) o no revolucionarias a los que se les llama gusanos, como para despojarles de su condición humana.
Las iglesias y fraternidades y otros círculos religiosos sufren directa y sistemáticamente la injerencia y la intimidación de los cuerpos represivos y del Departamento de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista. Este departamento trata de condicionar y regular la proyección social de las iglesias y trata de presionar obispos, pastores y líderes de estas instituciones y también a laicos, sacerdotes y religiosas. Mientras mas se proclaman las buenas relaciones entre el estado cubano y estas instituciones mas condicionadas y silenciadas están.
Existen mecanismos institucionalizados y activos en cada cuadra de cada poblado, en cada escuela y universidad, en cada centro de trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad para vigilar las personas y evaluar su conducta política- ideológica para recomendar o tomar acciones represivas y de exclusión y mantener el dossier actualizado de cada ciudadano. Esta vigilancia y control determina en gran parte el curso de la vida de las personas y las familias, que en muchos casos creen que no tienen otra opción que la simulación para sobrevivir dentro de la cultura del miedo.
La igualdad desigual se confirma en el sistema de privilegios o de corrupción institucionalizada, que otorga una vida de ricos con ventajas inmensas en todos los ordenes para ciertos dirigentes según su estatus y según su pertenencia o vinculación a un grupo inamovible. Los de este grupo de poder viven como capitalistas ricos en una nación sometida a las reglas mas rigurosas, pero muy selectivas, del comunismo salvaje. Esta desigualdad es inapelable para los ciudadanos y es el centro mismo o núcleo de las relaciones entre el grupo de poder y la mayoría. Este estado de exclusión para la inmensa mayoría pobre y el de privilegios para un pequeño sector de poder es sostenido por un sistema represivo que actúa sistemáticamente contra todo el que critique, cuestione o trate de cambiar este sistema de poder opresivo. La opresión es completada por una propaganda aplastante y por una doctrina que califica de traición a todo lo que enfrente este poder intocable…….
Desde que el 10 de mayo de 2002 mas de 11000 ciudadanos presentaron una petición de Referendo del Proyecto Varela (www.oswaldopaya.org), la Asamblea Nacional modificó la Constitución con una práctica inconstitucional, al declarar irrevocable el sistema sociopolítico económico, negando así el derecho del pueblo a la soberanía que la propia Constitución enuncia.
La falta de tribunales independientes y que se ajusten plenamente a la ley deja a los ciudadanos en una situación de indefensión ante la arbitrariedad, el abuso de poder y los maltratos de las autoridades y los cuerpos represivos. No existe el concepto ni las garantías de los derechos fundamentales. porque los ciudadanos no tienen ninguna vía efectiva para demandar al propio estado ni al gobierno. La mentira de que el pueblo es el propio estado y es quien gobierna, y que entonces el pueblo no puede hacer demandas en su contra, es paralizante y cruel. Así se cierra en si mismo el sistema u orden de no derechos.
Este sistema de poder-privilegios- opresión-propaganda-doctrina es incompatible con la libertad y el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a elegir libremente gobierno y sus representantes. Sin embargo no son sólo esos derechos los negados a los cubanos si no muchos mas. A través de cincuenta años de totalitarismo se ha instalado una cultura del miedo en la que casi todo está prohibido y solo hay tolerancia y permisividad pero no un verdadero orden de derechos.
El sistema educacional es gratuito, sostenido con los aportes del pueblo y se ha ampliado con alcance a todo el país y a todos os sectores de la sociedad. Especialmente notorio por su dimensión humana son las escuelas especiales para niños y jóvenes con capacidades disminuidas. Ultimamente se ha deteriorado el sistema de educación en su calidad y en su efecto sobre la formación de valores, debido a la politización extrema y la falta de estímulos para los maestros y trabajadores. La educación ha sido también un recurso de dominación donde no se educa para la libertad sino para la incondicionalidad a las figuras del poder como único valor supremo y referencia por encima de toda moral. Los alumnos, su padres y maestros, en todas las instituciones del sistema de educación, sufren la opresión debido a la falta de respeto a las libertades de conciencia, de palabra y de asociación.
El sistema de salud pública por concepto y en la práctica funciona sobre la base de que toda persona, debe ser atendida o beneficiada por los servicios y programas en todo el país con la única condición de que lo necesite. Existen favoritismos, algunas conductas deshumanizantes que provocan sufrimiento o mala atención y también la manipulación de la propaganda oficial que trata de justificar la negación de muchos derechos fundamentales con la gratuidad de los servicios de salud. Pero el derecho a la atención médica y el sistema de servicios de salud en Cuba, están concebidos y en general funcionan con una alta dimensión humanitaria y de justicia social.
Es justo y necesario que los Estados Unidos de América levanten totalmente el embargo sobre Cuba, inmediatamente y sin condiciones, porque es el pueblo de Cuba el que sufre sus efectos, porque no constituye un factor de cambios positivos y porque es usado por el gobierno cubano para justificar algo que es injustificable: la negación de los derechos fundamentales a los cubanos.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha demandado por mayoría esa justa derogación del embargo.
La propia Asamblea General de las Naciones Unidas y muchos otras instituciones incluyendo el Consejo de los Derechos Humanos, dañan al pueblo de Cuba al estimular el estancamiento o retroceso en materia de derechos humanos con su silencio respecto al encarcelamiento en Cuba de los defensores de los derechos humanos y con su negación escandalosa de demandar el respeto por parte del gobierno cubano de los derechos de sus propios ciudadanos.
El Consejo de Derechos Humanos debe llamar al gobierno cubano a que publique en Cuba la Declaración Universal y los instrumentos de los Derechos Humanos, que ha firmado recientemente y a que se comprometa ante el pueblo a cumplirlos y a que realice transformaciones en las leyes para que se respeten y garanticen estos derechos.
La mayoría de los ciudadanos que han firmado el Proyecto Varela son intimidados y en muchos casos reprimidos por la Seguridad del Estado. Este cuerpo represivo actualmente reprime a los activistas les amenaza e inclusive ha entrado ilegalmente y como delincuentes profesionales en casas de activistas, robando listas con miles de nombres de ciudadanos que firman esta petición ciudadana. Es la paradoja de que los ciudadanos actúan apoyados en la Constitución para hacer una petición legal y es el gobierno quien viola la ley.
Los que ponen como condición la mejora de los Derechos humanos en Cuba para levantar el embargo caen en una gran contradicción porque el propio embargo es una violación de los derechos de los cubanos y una violación no puede ser medio ni remedio para superar otra violación.
Pero a esos que condenan el embargo, pero silencian la negación y violaciones de los Derechos Humanos del gobierno de Cuba o condicionan el respeto a los derechos humanos en Cuba a que se levante primero el Embargo, solo les importa confrontar a los Estado Unidos y no defender al pueblo cubano. Esos caen en una contradicción e hipocresía porque justifican que el gobierno cubano castigue a su propio pueblo y lo mantenga encerrado en un orden de no derecho. Lo mas insultante es que justifican la falta de Derechos Humanos en Cuba argumentando el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Como los ciudadanos cubanos no tienen voz, libertad y derechos no pueden autodeterminarse.
Muchos de los que viajan a Cuba se niegan a dialogar con representantes de las organizaciones cívicas y de derechos humanos independientes del gobierno y se expresan públicamente con complacencia de la situación que sufre nuestro país, sin mencionar la falta de muchos derechos en Cuba. De esta manera no sólo se suman a las prácticas excluyentes del gobierno cubano, sino que alientan la negación de los Derechos Humanos en Cuba y siembran la confusión y el desaliento en nuestro pueblo, que no puede expresarse libremente.
Entre estos visitantes se encuentran intelectuales, personalidades del mundo de la cultura. También gobernantes y otras personalidades Latinoamericanos, de los Estados Unidos de América, de Canadá, de la Unión Europea y de otros países, inclusive, personalidades supuestamente promotoras de Derechos Humanos y también representantes de instituciones de la Organización de Naciones Unidas.
Es común que la policía detenga y registre a cualquier ciudadano o vehiculo sin motivo en la vía pública y sin explicación ni derecho a reclamación. En este sentido Cuba vive un estado de sitio no declarado. El gobierno cubano ha castigado y aun castiga con la sentencia de destierro de “salida definitiva” a cientos de miles de cubanos que deciden salir del país en busca de libertad y oportunidades que no tienen en Cuba. Esos cubanos, no pueden regresar a vivir en Cuba, ni el gobierno les reconoce sus derechos ciudadanos y sólo pueden entrar a Cuba si el gobierno les otorga permiso por una, dos o tres semanas como máximo y volver a salir.
Los cubanos sólo salir del país temporalmente o bajo la categoría “definitiva” con un permiso del gobierno, que muchas veces es negado sin explicación. A los cubanos que salen con la categoría de “salida definitiva” el gobierno les confisca todos sus vienes, desde la casa hasta los cubiertos y platos donde comían. Salir del país y entrar al país no es un derecho en Cuba para los cubanos. Muchas familias sufren la separación debido al castigo que el gobierno cubano impone a la parte de la familia que queda en Cuba cuando uno de los miembros que sale con permiso temporal con cualquier encomienda, decide no regresar. A estos les llaman “desertores”.
El derecho de asociación en la práctica no existe y la ley que lo regula es un conjunto de impedimentos y condicionamientos que impide que los ciudadanos se agrupen según sus ideas o intereses legítimos. La libertad sindical es negada y solo existe un sindicato totalmente dominado y controlado por el gobierno y el partido comunista. Igual ocurre con las organizaciones estudiantiles. Las organizaciones que se suponen deban defender los trabajadores y estudiantes son en realidad mecanismos de transmisión de la dominación del gobierno, de control y en muchas ocasiones de represión.
La ley lectoral impide las lecciones libres. ¿ Saben que la ley Electoral cubana determina que solo pueden ser candidatos a diputados los que seleccionen comisiones de candidaturas formadas por organizaciones controladas por el Partido Comunista y que hay un solo candidato por cada plaza de diputado.
Aunque la libertad política es anunciada en el artículo Número 1 de la Constitución, el Código Penal, así como otras leyes y el ambiente imperante niegan totalmente esta libertad en el ámbito personal y social.
Hay preguntas que pueden hacerse y responderse:
1. Puede un cubano expresarse libremente inclusive con criticas al gobierno sin ser marcado o sufrir represalias? No
¿Pueden los cubanos de opiniones diferentes al gobierno expresarse a través de los medios de difusión que son sufragados con dinero del pueblo? No.
2. Existe el derecho a fundar y sostener publicaciones o emisoras independientes del gobierno? NO
3. Pueden los trabajadores fundar sindicatos libres? No
4. Pueden los estudiantes, profesionales, religiosos, y ciudadanos con diversas ideas o intereses organizarse legalmente y libremente? No
5. ¿Existen ONG independientes del gobierno que no sean perseguidas? NO
6. ¿Puede un cubano o un grupo de cubanos fundar una empresa aunque sea pequeña, propiedad privada? NO. ¿y un extranjero? SI.
7. ¿Existe algún otro partido que no sea el comunista y que no esté `perseguido? NO
8. ¿Pueden los cubanos que no son comunistas organizarse legalmente en partidos políticos? NO
9. ¿Pueden los cubanos salir de Cuba o entrar a Cuba legalmente y libremente? NO
10. ¿Pueden los cubanos elegir sus diputados y su gobierno democráticamente y entre varios candidatos en un marco de democracia y pluralismo? NO
11. ¿Han podido los cubanos en los últimos 60 años elegir democráticamente su gobierno? NO
12. ¿Tiene el pueblo de Cuba la oportunidad de ejercer su autodeterminación y decidir libremente en un Refrendo o en elecciones libres sobre los cambios en el país o cambios de gobierno como lo han hecho el pueblo de los Estados Unidos y muchos pueblos latinoamericanos? NO
13. ¿Por qué?
Oswaldo José Payá Sardiñas
La habana, 3 de Marzo de 2009
Message to the U.N. Human Rights Council
In March 2002, several dozen Cubans were arrested, tried summarily without due process, and sentenced to long prison terms. The Human Rights Council and the United Nations have sufficient information on these arbitrary processes. More than fifty of those detained in March 2002 remain in over-crowded prisons together with common inmates, in inhumane conditions that have seriously damaged their health. They and other Cubans have been imprisoned for defending, promoting or peacefully exercising universally recognized Human Rights.
None of those convicted in April 2003 was charged with using or having weapons, inciting violence or disorder, espionage, or any other crime. They were convicted for expressing their opinion, exercising free journalism, and promoting civic initiatives. Among these initiatives is the Varela Project that, based on the existing Cuban Constitution, calls for a Referendum so that the Cuban people can express their opinions on necessary changes.
But since mere assertion should not to be confused with action, I urge you to read the official records of the summary trials. You can find many unsubstantiated allegations, insults and forced interpretations by the accusers, yet you will not find a single fact linking the defendants to the crimes that are described in the laws under which they were sentenced to very long prison sentences. The courts that condemned them were following orders from the government and were directed by State Security.
The Human Rights Council has the obligation to demand of the Government of Cuba the release of those imprisoned for fulfilling this entity’s mission: defending and promoting Human Rights.
Although this should have been its first demand, the Human Rights Council still has the opportunity to be consistent by approving the resolution, calling for the release of those peaceful political prisoners, that we present today after having already presented it to each member state of the Council.
A form of inequality has characterized Cuban society: the exclusion of people from opportunities, and from participation in political and cultural life, because of their political or religious beliefs. This official practice is buttressed by a systematic doctrine in public education, mass media, places of work, schools and in all institutions. This reality is illustrated in the qualification and classification of individuals as “revolutionaries” (i.e. unconditional supporters to the regime) or non-revolutionaries, who are referred to as worms in an attempt to strip them of their human condition.
Churches, fraternities and other groups suffer direct and systematic interference and intimidation from law enforcement bodies and the Department of Religious Affairs of the Central Committee of the Communist Party. This department seeks to condition and regulate the churches’ social mission and tries to pressure bishops, pastors and leaders of these institutions, as well as lay ministers, priests and nuns. The more it is proclaimed that relations between the Cuban state and these institutions are good, the more conditioned and silenced they are.
There are institutional and active mechanisms in every block of every town, in every school and university, in every workplace and in all other areas of society to monitor people and evaluate their political and ideological behavior in order to recommend or enforce repressive or excluding actions, and to maintain an updated dossier of every citizen. This monitoring and control largely determines the life opportunities for individuals and their families, who often believe they have no choice than to follow along in order to survive in this culture of fear.
Unequal equality is found in the institutionalized system of corruption and privileges that grants to some leaders a rich life with enormous advantages in all areas, depending on their status and their membership or links to an entrenched group. This selective group of power lives as rich capitalists in a nation subject to the stricter, yet very selective, rules of savage communism. This inequality can not be appealed by citizens and is at the core of the relationship between the group in power and the majority. This state of exclusion of the impoverished majority and of privileges for a small sector in power is sustained by a repressive system that acts systematically against all who criticize, question or try to change it. This oppression is supplemented by overwhelming propaganda and a doctrine that labels as “treason” anything that confronts this untouchable power.
After May 10, 2002, when more than 11,000 Cuban citizens submitted a petition for the Varela Project referendum (www.oswaldopaya.org), the National Assembly, in an unconstitutional move, amended the Constitution to state that Cuba’s social, political and economic system is irrevocable, thus denying the people’s right to sovereignty that is itself enshrined in the Constitution.
The lack of independent courts that fully comply with the law leaves citizens in a state of helplessness in the face of arbitrary abuse by authorities and law enforcement bodies. There is no concept of, or guarantees for, fundamental rights because citizens have no effective way to sue the state or the government. The lie that the people are the state itself and, as such, they cannot make claims against themselves, is cruel and crippling. This traps the system in an order of non-rights.
This system of power, privileges, oppression, propaganda, and doctrine is incompatible with freedom and with exercising freedoms of expression, of association, and to choose one’s representatives and government. However, these are not the only rights denied to Cubans. Fifty years of totalitarianism has put in place a culture of fear in which almost everything is banned and there is only tolerance and permissiveness, but not true rule of law.
The educational system is free, supported by the contributions of the Cuban people, and has expanded throughout the country and to all sectors of society. Especially notable for their human dimension are the special schools for children and young people with special needs. The system lately has suffered from deterioration in the quality of its education and its effect on the development of values due to extreme politicization and a lack of incentives for teachers and workers. Education has also been a mechanism for domination, in which people are not educated for freedom but to be submissive to power figures as the only supreme value and as a reference from above on all moral issues. The students, their parents and their teachers in all institutions of the educational system suffer oppression as a consequence of the lack of freedom of conscience, speech and association.
The public health system, both in theory and in practice, operates on the basis that all persons must be served by or benefit from its services and programs throughout the country based solely on need. There is some favoritism and some dehumanizing behaviors that cause suffering or poor care. The official propaganda sometimes uses the free nature of healthcare to justify the denial of many fundamental rights. But the right to healthcare, and the healthcare system in Cuba, are generally designed and operated with a high level of humanitarian and social justice.
It is fair and necessary that the United States immediately lift the embargo on Cuba without conditions because it is the Cuban people who suffer its effects and because it is not a factor for positive change; on the contrary, it is often used by the Cuban government to justify what is unjustifiable: the denial of basic rights to Cubans.
The U.N. General Assembly has demanded, by majority vote, the just repeal of the embargo.
The General Assembly of the United Nations and many other institutions, including the Human Rights Council, harm the people of Cuba by encouraging the stagnation or decline in the human rights situation with their silence regarding the imprisonment in Cuba of human rights advocates and their outrageous refusal to demand the Cuban government to respect the rights of its own citizens.
The Human Rights Council should call upon the Cuban government to publish the Universal Declaration of Human Rights, and the human rights instruments it recently signed, and to commit publicly, to its own people, to comply with these norms and to make the necessary legal changes to respect and ensure these rights.
Most citizens who have signed the Varela Project are often intimidated and repressed by State Security, which still represses activists by threatening them and has even, like professional criminals, illegally entered the homes of activists to steal lists with thousands of names of people who signed this petition. The paradox is that citizens make a legal request that is supported by the Constitution while the government violates the law.
Those who condition the lifting of the embargo on the improvement of Human Rights in Cuba fall into a contradiction because the embargo itself is a violation of the rights of Cubans, and a violation cannot be a means or a remedy to overcome other violations.
Nevertheless, those who condemn the embargo and, at the same time, silence the denial and violation of Human Rights in Cuba, or condition the respect of human rights on the lifting of the embargo, are only interested in confronting the U.S. and not defending the Cuban people. They fall into hypocrisy and contradiction because they justify the Cuban government in punishing its own people and trapping them in an order of no rights. It is even more insulting that they justify the lack of Human Rights in Cuba on the basis of the people’s right to self determination—as if Cuban citizens had a voice, freedom and rights to self-determination.
Many of those who travel to Cuba refuse to speak with representatives of civic organizations and human rights that are independent from the government and have publicly expressed satisfaction with the situation in our country without mentioning the lack of many rights in Cuba. Thus, they do not only join the Cuban government in its exclusionary practices, but also encourage the denial of Human Rights in Cuba and sow confusion and disappointment in our people.
Among these visitors are intellectuals; personalities from the world of culture; leaders and other personalities from Latin America, the United States, Canada, the European Union and other countries, including persons allegedly promoting Human Rights; and representatives of the United Nations.
It is common for the police to stop and search any citizen or vehicle on the road for no reason, without explanation nor the right to appeal. In this sense, Cuba lives in an undeclared state of siege. The Cuban government has and continues to punish, with the exiling sentence of “Final Exit” (“Salida Definitiva”), hundreds of thousands of Cubans who decide to leave the country in search of freedom and opportunities that do not exist in Cuba. These Cubans cannot return to live in Cuba, nor does the government recognize their rights as citizens. They can only return to Cuba if the government gives them permission for one, two or three weeks at most, and then they have to leave.
Cubans can leave the country on a temporary basis or under a “final exit” with government permission, which is often denied without any explanation. For Cubans who leave under the “Final Exit” category, the government confiscates all their property, including the dishes and silverware with which they ate. Leaving and entering the country is not a right in Cuba. Many families are separated due to the punishment government imposes on the family that is left in Cuba. When one of the family members departs with a temporary permit and decides not to return, he or she is labeled a “deserter”.
The right of association does not exist in practice, and the law that governs it is a set of impediments and constraints that prevents people from gathering according to their ideas or legitimate interests. Freedom to form unions is denied, and there is only one union completely dominated and controlled by the government and the communist party. The same occurs with student organizations. These organizations that supposedly defend workers and students are actually mechanisms to transmit government domination, control and, in many cases, repression.
The law prevents free elections. Did you know that Cuba’s electoral law stipulates that candidates for deputy may only be nominated by committees formed by organizations controlled by the Communist Party, and that there is only one candidate for each seat?
Although political freedom is stated in Article No. 1 of the Constitution, the Penal Code, other laws and the prevailing order completely deny this freedom at a personal and social level.
There are questions that can be asked and answered:
- Can Cubans speak freely, even going as far as to criticize the government, without being labeled or subject to reprisals? No.
Can Cubans with opinions different to those of the government express themselves through media outlets that are financed by the people’s money? No.
- Is there a right to establish and sustain independent publications and broadcasters independent from the government? No.
- Can workers freely form unions? No.
- Can students, professionals, religious people, and citizens with different ideas or interests organize legally and freely? No.
- Are there independent NGOs that the government does not persecute? No.
- Can a Cuban or a group of Cubans establish a small, privately-owned enterprise? No. Can a foreigner? Yes.
- Are there any political parties besides the Communist Party that are not persecuted? No.
- Can non-Communist Cubans legally organize in political parties? No.
- Can Cubans leave or enter Cuba legally and freely? No.
- Can Cubans choose their deputies and their government democratically, from among several candidates, in a framework of democracy and pluralism? No.
- In the last 60 years, have Cubans been able to democratically elect their government? No.
- Do the Cuban people have the opportunity to exercise self-determination and freely decide on a Referendum, or endorse free elections on changes in the country or government, as has been done by the people of the United States and in many Latin American countries? No.
- Why?
Oswaldo José Payá Sardiñas
Havana, March 3, 2009