MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno ha recordado a Unión, Progreso y Democracia que el regreso a España desde Cuba del dirigente de Nuevas Generaciones de Madrid Ángel Carromero estaba condicionado a que el Gobierno de Mariano Rajoy aceptase el juicio al que fue sometido en la isla y en el que fue condenado por la muerte del opositor anticastrista Oswaldo Payá.
“La aplicación del Convenio Bilateral de Ejecución de Sentencias Penales de 1998, tratado internacional suscrito entre España y Cuba que permitió el rápido regreso del señor Carromero, supone, por parte del Estado de traslado, la aceptación del juicio celebrado en el Estado de condena”.
Esta es la respuesta que ha remitido el Gobierno a la portavoz de UPyD en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Irene Lozano, quien entre otras cosas, preguntó al Ejecutivo si pensaba “promover una investigación internacional que esclarezca los hechos para despejar las dudas existentes sobrle la muerte de Oswaldo Payá”.
Lozano se hacía eco en su escrito de las críticas contra el Gobierno vertidas por el hermano del disidente fallecido, Carlos Payá, quien ha denunció el secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Jesús Gracia, ofreció un acuerdo a su familia: “Nos dijo que si acusábamos a Carromero, él quedaría libre en 72 horas y nosotros recibiríamos una indemnización. Mi contestación fue un no rotundo”, afirmó en una entrevista.
NO HUBO “PACTO DE SILENCIO”
Gracia negó ese supuesto “pacto de silencio” y Lozano quería saber si el Ejecutivo considera que con ese “desmentido” se “restablece la dignidad del Gobierno de España”. Evitando comentar “las declaraciones que se han realizado posteriormente por diferentes partes en relación con este asunto”, el Gobierno subraya que el objetivo “compartido por todos” era lograr el pronto regreso de Carromero a España.
Según su relato, Gracia “expuso que lo ideal sería conseguir el regreso inmediato, pero que, si ello no fuera posible, la vía apropiada sería la celebración del juicio en Cuba y, tras él, en caso de condena, la activación del Convenio Bilateral de Ejecución de Sentencias Penales de 1998″. “Así sucedió y ha sido agradecido públicamente por el propio trasladado en numerosas ocasiones”, apostilla.
“La cuestión de la indemnización fue mencionada únicamente como práctica común en casos de accidentes con víctimas cuando la familia de éstas la reclama, lo que no fue el caso”, recalca el Ejecutivo, para quien la dignidad del Gobierno de España no ha “quedado menoscabada en este asunto”.
PREMIO TRAS LAS CRÍTICAS
Lozano también quería que el Ejecutivo se pronunciase sobre el hecho de que el PP haya concedido el I Premio Oswaldo Payá a la viuda del disidente cubano Ofelia Acevedo, quien ha criticado públicamente al Gobierno español por su gestión de todo este asunto y ha defendido la puesta en libertad de Carromero, al que considera víctima de un “funesto atentado”.
“¿Cree que el premio concedido por el partido que sustenta al Gobierno a la señora Acevedo es la respuesta más adecuada a esas acusaciones de complicidad con una dictadura?”, rezaba la pregunta de Lozano.
El Ejecutivo se defiende recalcando que “todos los premios concedidos a la viuda de Oswaldo Payá son un reconocimiento a la labor que desarrolla en defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba”.