Eduardo Cardet, coordinador nacional de Movimiento Cristiano Liberación, destacó la importancia del informe de la CIDH que responsabiliza a régimen cubano por las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Eduardo Cardet, afirmó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero está “debidamente documentado”, y respalda las denuncias de que ambos “fueron víctimas de un asesinato de Estado”.
El 12 de junio la CIDH publicó el informe sobre las muertes de ambos opositores católicos, fallecidos el 22 de julio de 2022 luego que se estrellara el automóvil en el que se dirigían hacia el oriente de Cuba a fin de promover El Camino del Pueblo, una iniciativa de Payá para unir a la oposición pacífica.
El vehículo era conducido por el español Ángel Carromero y también los acompañaba el sueco Aron Modig. La versión del régimen es que se trató de un accidente de tránsito. Sin embargo, desde el primer momento el MCL, movimiento fundado por Payá, mostró una serie de mensajes de texto en los que los disidentes alertaban de que eran embestidos por un auto con placa del gobierno.
El régimen acusó a Carromero de las muertes y lo condenó en un controvertido juicio. Meses después fue extraditado a España, donde recobró su libertad.
Ante ello, en abril de 2013 el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy presentó una petición ante la CIDH, a nombre del MCL y de la familia de Oswaldo Payá, alegando “la responsabilidad internacional” de Cuba por las muertes de ambos disidentes y la situación de impunidad de los hechos.
En ese sentido, después de más de diez años de investigación y de analizar las pruebas presentadas, el organismo de la OEA emitió su informe que afirma que existen “múltiples elementos de evidencia relacionados con la participación de agentes estatales en la muerte de los señores Payá y Cepero”.
Asimismo, indica que antes de su muerte, ambos disidentes fueron víctimas de “múltiples hechos de violencia, hostigamientos y amenazas” del gobierno, enmarcadas en “un contexto de violencia contra disidentes políticos y personas defensoras de derechos humanos”.
La CIDH manifiesta que el gobierno cubano no respondió a los requerimientos solicitados durante la investigación.
En declaraciones a ACI Prensa, Eduardo Cardet señala que el pronunciamiento de la CIDH es “un acto de justicia, muy coherente con la verdad y con los datos que se han venido aportando desde el momento en que ocurrió ese trágico evento”.
“Viene a reforzar lo que hemos estado diciendo durante todos estos años: que el régimen fue el responsable directo de la muerte de Oswaldo y de Harold”, expresa.
Asimismo, destaca que “tiene relevancia que una instancia de este nivel se pronuncie”, sobre todo cuando en un régimen dictatorial como el cubano “el camino de la justicia está plagado de muchos obstáculos”.
En su informe, la CIDH hace una serie de recomendaciones al gobierno cubano, como reparar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos señaladas en el reporte, difundir el documento en los medios de comunicación y establecer las responsabilidades de las muertes, entre otras.