El ministro de Asuntos Exteriores de España Josep Borrell y su embajador en Cuba Juan Fernández justificaban la prohibición de que el Rey se reuniera con representantes de la oposición democrática y defensores de los derechos, diciendo que no era una visita política y que el monarca no iba a hacer política en Cuba.
Y ahora nos enteramos de que Su Majestad, acompañado del ministro y del embajador, visitó al dictador Raúl Castro, que aunque al menos en teoría ya no tiene ningún cargo estatal, pero sí uno político, es quien sigue mandando tras bambalinas.
Dice Borrell que el dictador pidió (o debió decir exigió) el encuentro tras escuchar el discurso del Rey. Y que ellos naturalmente lo aceptaron, añadiendo que ese encuentro redondeaba la visita al máximo nivel, lo cual es un reconocimiento tácito de que el máximo nivel (en realidad el máximo poder) lo ostenta Cuba el General Raúl Castro.
Por otra parte, consideró que la visita contribuye a normalizar las relaciones bilaterales entre Cuba y España.
Puede que la visita contribuya a normalizar y profundizar las relaciones bilaterales entre el gobierno español y la dictadura, pero ciertamente no con el resto de la sociedad cubana, que también ve cómo los empresarios e inversionistas españoles aceptan el apartheid económico y las injustas reglas del juego que impone la dictadura, y asumen su sistema de exclusión y la conculcación de los derechos laborales de sus empleados.
El pueblo cubano ha visto cómo el gobierno ibérico ha optado por profundizar en la anomalía de por un lado profesar y defender valores democráticos en España y el resto del mundo, mientras por el otro sostiene la dictadura cubana; aprueba y alienta el cambio-fraude promovido por esta, que sigue dejando en la indefensión y la falta de libertad y derechos a los cubanos; y excluye de sus relaciones a quienes trabajan por un cambio hacia la democracia y el Estado de Derecho.