Cuando el Gobierno español habla de relaciones fluidas con La Habana está escondiendo que éstas tiene un coste: dejar de hablar con la sociedad civil cubana.
Oswaldo Payá lo tiene claro. El líder opositor lleva años tratando de explicar fuera de Cuba la trampa preparada por los hermanos Castro. Esta semana lo ha vuelto a recordar en una carta dirigida a la Unión Europea de cara a la revisión de nuestra política hacia que tendrá lugar a mediados de este mes.
Es el fin de un largo proceso perpetrado por los Castro contra cualquier atisbo de libertad en la isla. El régimen comunista estaba incómodo con la cada vez más numerosa oposición y su objetivo era claro: desarmarla y aislarla. Primero encarceló a los líderes más activos de la disidencia, después aumentó la actividad represiva y, por último, encontró en el Gobierno español un dócil colaborador para implementar una ofensiva internacional que rompiera cualquier vía de diálogo con la sociedad civil cubana.
Para ello no han dudado en pervertir el lenguaje. Con éxito. Han logrado que llamemos sanciones a las relaciones de nuestros gobiernos con la sociedad civil cubana. ¿A alguien se le ocurriría llamar sanción al hecho de que la Embajada de Cuba en España invitara a gente de fuera del Gobierno a sus recepciones? El titular de la prensa cubana quedaría así: “El Gobierno cubano sanciona a España invitando a los empresarios a la fiesta nacional”. ¿No es absurdo?
Pues hasta ese extremo ha llegado la deformación. En la misiva dirigida a la Unión Europea, Oswaldo Payá recuerda que los demócratas cubanos nunca han pedido sanciones y no pueden tolerar que se califique así a unas medidas orientadas a fortalecer el diálogo con el pueblo cubano.
El término sanciones forma parte del lenguaje que utilizan los partidarios de mantener contento al régimen castrista a toda costa, aunque esto suponga aislar a la oposición democrática en Cuba. En sus argumentos suelen olvidar que la Posición Común Europea, ratificada por todos los países miembros de la Unión desde 1996, se basa precisamente en el diálogo: con el Gobierno y con la oposición democrática.
Cuando el Gobierno español habla de relaciones fluidas con La Habana está escondiendo que éstas tiene un coste: dejar de hablar con la sociedad civil cubana. El Gobierno disimula el hecho de que esas supuestas buenas relaciones llevan consigo una renuncia a reconocer a quienes están luchando por la libertad. Es un silencio cobarde que fortalece el permanente monólogo cubano y da la espalda a los deseos de los españoles.