El estado cubano ha apoyado con su voto la Resolución A60-L48 de la Organización de Naciones Unidas que crea el Consejo de Derechos Humanos. Nos preguntamos ¿este voto abre alguna expectativa sobre una nueva y mejor etapa en materia de Derechos Humanos para la sociedad cubana?
El pueblo cubano tiene el derecho, el anhelo y la necesidad de que esta pregunta tenga una respuesta positiva, que se traduzca en la práctica y en las leyes. Considerando:
a) Que al apoyar esta resolución el estado cubano se compromete en la defensa, promoción y protección de todos los derechos humanos, religiosos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los seres humanos, entre los cuales también están los cubanos y que no deben quedar excluidos.
b) Que las agrupaciones cívicas y los activistas pacíficos cubanos nos dedicamos a la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos y trabajamos de forma transparente y pacífica por el diálogo entre cubanos, la reconciliación nacional y para lograr los cambios necesarios hacia la democracia.
c) Que entre nuestras iniciativas se incluye el Proyecto Varela, una iniciativa de ley apoyada en la Constitución cubana y avaladas por miles de ciudadanos. Este proyecto propone cambios en las leyes para que se garantice el respeto de derechos civiles, políticos y económicos fundamentales de todos los cubanos. También hemos desarrollado un Diálogo Nacional para que los propios cubanos, que no queremos ni aceptaremos intervenciones extranjeras, diseñemos nuestro programa de cambios. Entre otros proyectos y actividades del movimiento democrático pacífico cubano se incluyen el periodismo independiente, pequeñas bibliotecas y diversas asociaciones cívicas y de derechos humanos.
d) Que por estas iniciativas y por tener como tarea inconfundible defender y promover los derechos humanos plasmados en la Declaración Universal, por hacer en Cuba lo que a nivel internacional se propone hacer el recién creado Consejo de los Derechos Humanos, es por lo que han sido condenados injustamente los actuales prisioneros políticos pacíficos cubanos. Los hechos reconocidos, por los cuales los tribunales cubanos los juzgaron, no son ni más ni menos que el ejercicio y la promoción de los derechos humanos. Estos hechos no tienen ninguna relación con los supuestos delitos por los que les condenaron y que nunca cometieron. Lo anterior se puede confirmar con sólo leer las actas oficiales de los juicios.
e) Que la libertad religiosa y de conciencia, de expresión, de reunión y de prensa, la libertad de asociación en partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, la libertad económica, la libertad de viajar, las elecciones libres y democráticas y la participación libre de los ciudadanos en la vida política, económica y cultural no son atributos de ningún modelo ideológico, sino derechos universalmente reconocidos para todos los seres humanos y por tanto también para los cubanos. El pueblo de Cuba nunca escogió, ni escogerá, un sistema que le niegue estos derechos.
f) Que las limitaciones y supresiones de estos derechos por leyes y prácticas del estado cubano, limitan el desarrollo del país, son causa de un sufrimiento permanente para sus ciudadanos, suscitan las divisiones y tensiones que atentan contra la paz entre los cubanos, sumergen en la pobreza a la mayoría e impiden el reencuentro y la comunicación entre los cubanos que viven dentro de Cuba y los que viven fuera, que de hecho son tratados como desterrados. Esta negación de derechos contrasta con un sistema de privilegios para una minoría que excluye a los cubanos en su propio país.
g) Que ninguna de estas violaciones puede justificarse con las violaciones en otros países, pues en todos los casos las víctimas son seres humanos, sean cubanos o de cualquier país, a los que nada ayudan las justificaciones y confrontaciones entre los violadores.
Proclamamos:
1. El anuncio de la liberación inmediata de los prisioneros políticos pacíficos cubanos es el paso imprescindible que daría sentido al voto del estado cubano y a su aspiración de ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Pero sobre todo, sería un paso de justicia para con el pueblo cubano.
2. Pedir al estado cubano que libere incondicionalmente a los prisioneros políticos pacíficos cubanos y que dé los pasos para que se garanticen los derechos humanos de sus ciudadanos, es una obligación de todos los miembros de las Naciones Unidas y de su Consejo de Derechos Humanos. Obligación derivada expresa y directamente de la aprobación de la Resolución A60-L48 y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No llamar a la liberación de los prisioneros políticos pacíficos cubanos será una escandalosa negación de los propósitos plasmados en la resolución A60-L48 y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
3. Tanto los estados que votaron favorablemente esta resolución como los que no lo hicieron, tienen la obligación moral y legal de divulgarla en sus países. En Cuba, donde los medios de difusión como la radio, la televisión, los medios electrónicos y la prensa escrita son propiedad del estado y sostenidos con fondos públicos, es particular obligación del estado divulgar esta resolución en estos medios para que el pueblo cubano no quede excluido de la información sobre un asunto de innegable trascendencia e importancia para la vida del país. Para que esta resolución A60-L48 sea comprendida por los cubanos, estos medios de difusión estatales deben publicar y divulgar ampliamente todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hace cuarenta y ocho años y casi desconocida en Cuba. Los cubanos tienen derecho a conocer sus derechos.
4. La aspiración del estado cubano es ser parte del Consejo de Derechos Humanos. Ese es un lugar que el pueblo de Cuba merece, pero solo será un auténtico lugar del pueblo cubano, si su gobierno se compromete ante el pueblo cubano y ante el mundo a cumplir con lo establecido en la Resolución A60-L48 y a respetar y promover en Cuba los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si libera los prisioneros políticos pacíficos, si da los pasos para que la ley y las instituciones garanticen el respeto a estos derechos y si abre en Cuba el diálogo sobre el fomento y el respeto de esos derechos. Estos pasos son una necesidad vital y a su vez un derecho del pueblo cubano, tanto si la representación del estado cubano es elegida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos como si no lo es.
5. Es hora de comenzar un Diálogo Sin Fronteras. Un diálogo entre todos los estados, pueblos y culturas, y también dentro de cada pueblo para hacer progresar a la humanidad en el respeto de sus derechos. Ese Diálogo Sin Fronteras es el que ya estamos promoviendo en la sociedad cubana.
La Habana, 19 de Abril de 2006
A nombre del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación
Oswaldo José Payá Sardiñas
Minervo Lázaro Chil Siret
Ernesto Martini Fonseca